El costo político del fraude en Nicaragua‏

Carlos F. Chamorro
cartas@elfaro.net

¿Cuánta gente votó en Managua por el candidato del FSLN, Alexis Argüello? En el 2000 Herty Lewites ganó la alcaldía de Managua para el FSLN con 135 mil votos. En el 2004 Nicho Marenco obtuvo 145 mil votos. En las presidenciales del 2006, Daniel Ortega obtuvo 162 mil votos. Y ahora el CSE le atribuye al candidato del FSLN Alexis Argüello más de 223,000 votos.

Este "crecimiento" inverosímil en la votación del partido de gobierno, superando el resultado presidencial con más de 60 mil votos en una municipal, ya es suficiente motivo para sospechar un fraude. Pero si existiera alguna duda, el conteo del 97% de las actas oficiales en poder del Movimiento Vamos con Eduardo, le otorgan al FSLN 198 mil votos. Y aunque se le atribuyera el 100% de la población electoral existente en las 22 juntas que se encuentran desaparecidas, Argüello no sumaría nunca más de 206 mil votos, contra 216 mil del candidato de la Alianza PLC, Eduardo Montealegre.

Otra pregunta pertinente es cuántas personas votaron en Managua por Eduardo Montealegre, y cuántos votos le fueron anulados o arrebatados en la adulteración de las actas. Pero basta la evidencia de que, aún tomando en cuenta los votos anulados, y las actas desaparecidas, los datos oficiales- antes de ser adulterados por el CSE- le dan una ventaja considerablemente sobre Argüello, 51% vs. 46%.

Estamos ante un acto delictivo que representa el peor retroceso en la historia de la democracia electoral de Nicaragua -que es una herencia positiva de la revolución sandinista-. Y no es que las elecciones que se efectuaron desde 1990 hayan resuelto los problemas del país, pero al menos sentaron las bases de la convivencia para enterrar la violencia como método político y dirimir los conflictos de manera pacífica. El fraude del domingo pasado representa una nueva traición a los ideales y al legado de la revolución. El presidente Daniel Ortega está haciendo retroceder a Nicaragua a la época del dictador Anastasio Somoza García, cuando el fraude se organizaba de manera igualmente descarada.

En América Latina, el fraude electoral parecía ya cosa del pasado. Pero Ortega, que se autoproclama promotor de la democracia directa, está reviviendo las tácticas del General Noriega que se robaba las elecciones a garrotazos en Panamá, o las truculencias utilizadas por Fujimori en el Perú cuando se las quiso robar en el 2000. En México, cuando el PRI le robó las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas en 1998, se acuñó aquella famosa frase: "se cayó el sistema", al detenerse el sistema de cómputos, supuestamente por una falla de energía. En Nicaragua todo el país fue testigo de cómo el Consejo Supremo Electoral paralizó el sistema de conteo en Managua. Los votantes de más de 600 juntas receptoras de votos de la capital nunca pudieron ver el resultado de sus juntas en las actas publicadas por el Consejo. Se trata de más de 120 mil votos que no fueron publicados porque evidentemente en muchas de esas juntas perdía el candidato del partido de gobierno.

Gracias a las publicaciones de las actas oficiales que ha hecho en los periódicos el Movimiento Vamos con Eduardo, y a la información que está en su sitio web, ahora sabemos quién ganó y quién perdió en cada junta receptora de votos. Y por eso se puede concluir con certeza que la elección de Managua la perdió el candidato del Frente Sandinista.

Pero las irregularidades que ocurrieron en esta elección no se limitan al municipio de Managua, sino que irradian a nivel nacional. En una elección presidencial, es probable que las anomalías que puedan suceder en un número considerable de Juntas no alteren una tendencia nacional. Pero cuando de trata de 146 elecciones locales, en cada elección 50, 100, 200 votos, un sola junta hace la diferencia como se está demostrando en la alteración de los resultados de la voluntad popular en León, Masaya, Jinotepe, Jinotega, Juigalpa, Boaco, Teustepe, San Lorenzo, Sébaco, y muchos otros municipios del país.

Una de las consecuencias de este descalabro del sistema electoral es que ya no se sabe a ciencia cierta en qué municipios ganaron de forma limpia los candidatos del FSLN. Porque incluso los partidarios del FSLN que participaron de buena fe en este proceso electoral han sido convertidos en rehenes de la ambición de poder de un liderazgo autoritario, que persigue convertir en cómplices del fraude a todos sus votantes. Un liderazgo irresponsable que calculó que para ellos resultaba peor admitir la derrota en Managua y otros importantes municipios del país antes que pagar el incalculable costo político de perpetrar un fraude. Y prefirió colocar al país al borde del caos en una escalada de violencia, que de paso apunta a sacrificar a la Policía Nacional, antes que aceptar la voluntad popular.

Al recurrir al fraude electoral, el presidente Ortega está sepultando su propio proyecto político, si es que de verdad alguna vez pretendió hacer un gobierno de "unidad y reconciliación nacional". El fraude evidencia que, después de casi dos años de gestión, los programas sociales asistencialistas del gobierno -hambre cero, usura cero, casas para el pueblo, etc…- son necesarios para mantener cohesionada a la base del orteguismo a través de una relación clientelista administrada por los CPC, pero no son suficientes para construir una mayoría política. Al fracasar, Ortega admite que sólo puede seguir gobernando de forma sectaria para sus partidarios, mientras impone el miedo y la intimidación al resto de la sociedad.

Pero el mayor costo del fraude es el derrumbe de la confianza nacional, la pérdida de la legitimidad política del gobierno y la tendencia al aislamiento internacional. Una crisis que al traducirse en inevitable reducción de la ayuda externa tendrá un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de los más pobres. No porque Nicaragua sea víctima de alguna suerte de conspiración internacional, como alega el gobierno, sino porque al apostar por el fraude Ortega decidió quemar sus puentes con aquellos gobiernos y entidades cooperantes con los que compartía compromisos democráticos -los miembros de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, la OEA y eventualmente los organismos multilaterales Banco Mundial y BID-, para someternos a un alineamiento exclusivo con el régimen de Chávez en Venezuela. Otra oportunidad perdida para la nación: esta vez sin guerra ni agresión imperialista el mesianismo de Ortega es el único culpable de su profecía autocumplida. La pregunta del millón es si con la caída de los precios del petróleo Chávez tiene la voluntad y la posibilidad de brindar un sostén económico duradero al proyecto autoritario de Ortega.

Nicaragua vive hoy días de gran incertidumbre. Estamos ante el colapso del Consejo Supremo Electoral que fracasó incluso como un ente bipartidista, porque el PLC se convirtió en un socio minoritario del FSLN. El Consejo Supremo Electoral y los operadores políticos del orteguismo se fusionaron en un mismo cuerpo. Se necesita, por lo tanto, una reforma profunda del sistema electoral, para restablecer la confianza en las elecciones futuras. Pero antes de llegar a ese punto, es imperativo resolver esta crisis. Y la única salida es volver al conteo de las actas a nivel nacional, bajo una observación nacional e internacional independiente.

El fraude puede y debe ser derrotado por la resistencia cívica, por la protesta pacífica y la movilización de la mayoría de la población que rechaza la violencia y la intimidación. Lo que resultaría intolerable, y hay que advertirlo ahora que nos acercamos al borde del abismo, es que desde la cúpula del PLC se intente negociar con Ortega y a espaldas del pueblo el resultado de la voluntad popular.